ADQUISICIÓN DE DRAGA MULTIPROPOSITO ANFIBIA

1. Se admite a concurso la oferta que cumpla con las condiciones legales y las especificaciones técnicas solicitadas.
2. Será inadmisible la oferta que no indiquen la marca y modelo de los bienes ofertados.
3. La oferta que contenga una garantía del producto inferior al mínimo establecido en el punto denominado GARANTÍA DEL PRODUCTO DEL DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS, se considerará como causa suficiente para declarar la oferta como inadmisible.
4. Será inadmisible la oferta que presente en la estructura del desglose de los componentes del precio una utilidad menor al 10%.
5. Serán inadmisibles las ofertas que indiquen un plazo de entrega superior al máximo permitido en el apartado PLAZO DE ENTREGA del presente documento, reiterándose que, en la situación de omitirse el dato, se entenderá que, con la sola presentación de la oferta, se acepta el plazo de entrega máximo establecido.

De conformidad con el documento anexo denominado "Especificaciones Técnicas Adquisición de Draga multiproposito anfibia"

GENERALIDADES

• Toda persona física o jurídica interesada en participar en esta contratación, deberá concurrir con la utilización de la plataforma electrónica denominada SDU, presentado su propuesta debidamente firmada por quien tenga poder suficiente para ello en los términos del Reglamento de Uso del Sistema, de conformidad con el Artículo 48 de la LGCP y el Artículo 118 del RLGCP.

“En caso de aportarse poderes especiales, se requiere que estos cuenten con las especificaciones propias de cada mandato conforme la normativa vigente y el número correspondiente a la contratación en la que se participa y para la cual se otorga”, de acuerdo con Directriz N° DGABCA-0008-2019 de la Dirección General de Bienes y Contratación Administrativa y los alcances del Artículo 1256 del Código Civil.

• Se presumirá la capacidad legal de quien suscribe la oferta en el precitado sistema. Además, se requiere contar con aptitud para pactar y no tener impedimento para contratar con la Administración, todo según las estipulaciones normativas contenidas en el Artículo 24 del RLGCP y los Artículos 25, 26, 27 y 28 de la
• El interesado en participar en condición de Pequeña y Mediana Empresa, -en adelante PYME, deberá estar registrado en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, -en adelante MEIC-, y acreditado en el Registro de Proveedores de la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa.

El oferente deberá hacer mención en su propuesta de dicho estado, no resultando necesario el cumplimiento de requisitos adicionales, dado que la Administración verificará la condición con la utilización del SDU, de requerirse se coordinará lo que correspondiere con el MEIC de acuerdo con lo indicado en el Artículo 74 del RLGCP, salvo, si la situación en la inscripción varía en extremos como: vigencia, tipo de categoría, afinidad con el giro comercial y el objeto de esta contratación, lo cual deberá acreditar con una “Certificación PYME”, emitida por la Dirección General de Pequeña y Mediana Empresa del MEIC.

 Todo lo anterior de acuerdo con lo establecido por el Artículo 3 de la Ley N° 8262, Artículos 8, 9, 10 del Decreto Ejecutivo N° 3111-MEIC y el Artículo 23 de la LGCP.

• De haber considerado dos o más oferentes, participar bajo la figura del consorcio, se dispone que un oferente solo puede participar en un consorcio para este concurso y se recuerda la obligación de estipular en el “Acuerdo Consorcial” la designación de un representante, “…con poder suficiente para actuar durante la fase de estudios de ofertas, de formalización, de ejecución contractual y para trámites de pago”, así como, el cumplimiento de los restantes requisitos del documento con base en el Artículo 129 del RLGCP 

Los integrantes del consorcio responderán frente a la Administración de manera solidaria, como si fuesen una única contraparte. En caso de adjudicación, la formalización contractual será firmada digitalmente por todos los consorciados, salvo que se haya conferido poder suficiente a determinada persona, sin perjuicio de que también comparezca una sociedad constituida al efecto, cuando ello haya sido requerido en el pliego de condiciones o las partes así lo hayan solicitado en su oferta.

• Las PYMES podrán participar bajo los consorcios previstos en el Artículo 48 de la LGCP, así como también podrán utilizar la figura de los consorcios PYME regulados en la Ley para el Fomento de la Competitividad de la PYME mediante el desarrollo de consorcios, Ley 9576 de 22 de julio de 2018, en cuyo caso, gozará de los mismos beneficios establecidos al amparo de la Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas, Ley N°8262 de 2 de mayo de 2002. 
• No se permitirá que los oferentes de grupos económicos utilicen la figura de PYME para obtener los beneficios para ese tipo de empresas dispuesto en ese capítulo y en leyes especiales conforme a lo indicado en el Artículo 77 del RLGCP
• En el caso de que el consorcio quiera acreditarse como PYME todas las partes que conforman dicho consorcio están obligadas a ser PYME y a estar acreditadas como activas y al día en el registro de DIGEPYME.
• Las ofertas podrán ser en conjunto y ofertas en consorcio de conformidad con el Artículo 48 de la LGCP y el Artículo 125 del RLGCP. La responsabilidad será solidaria en las ofertas en consorcio. Igualmente lo será en las ofertas en conjunto, en caso de que la diferenciación de responsabilidades no pueda darse. De haber considerado dos o más oferentes, participar bajo la figura del consorcio, se dispone que un oferente solo puede participar en un consorcio para este concurso y se recuerda la obligación de estipular en el “Acuerdo Consorcial” la designación de un representante, “…con poder suficiente para actuar durante la fase de estudios de ofertas, de formalización, de ejecución contractual y para trámites de pago”, así como, el cumplimiento de los restantes requisitos del documento con base en el Artículo 129 del RLGCP. En el caso de que el consorcio quiera acreditarse como PYME todas las partes que conforman dicho consorcio están obligadas a ser PYME y a estar acreditadas como activas y al día en el registro de DIGEPYME
• Un mismo oferente únicamente deberá presentar una oferta base y no se aceptarán ofertas alternativas de conformidad con el Artículo 48 de la LGCP y el Artículo 125 del RLGCP.
• En la oferta se deberá indicar el listado de los subcontratistas, así como el objeto de subcontratación, con señalamiento expreso del porcentaje del objeto que asumirá cada uno de ellos. La totalidad del porcentaje de subcontratación no podrá superar el cincuenta por ciento (50%) del monto total del contrato. En todo caso, la subcontratación no eximirá al contratista de su responsabilidad integral por el objeto contratado, debiendo este también cumplir con todas las obligaciones contraídas con los subcontratistas. El contratista no podrá alegar, en ningún caso, cláusulas de confidencialidad con sus subcontratistas para brindar información que le sea solicitada, con las salvedades de esta ley. Una persona física o jurídica únicamente podrá figurar para un mismo concurso en una oferta ya sea como subcontratista, oferente individual o participar de forma conjunta o consorciada. La condición anterior también resultará aplicable a las personas físicas o jurídicas que conformen un mismo grupo de interés económico.Todo lo anterior de acuerdo a lo indicado en el Artículo 49 de la LGCP y el Artículo 133 del
• Se utilizará el Registro de Proveedores y Subcontratistas del SDU, para verificar esta condición; así como, la declaración jurada del régimen de prohibiciones y sus actualizaciones registradas en el Sistema; la experiencia para prestar el objeto que se licita, los antecedentes y las sanciones, el historial de cumplimiento de contrataciones con la Administración Pública, las fusiones o transformaciones de la empresa, de conformidad con lo indicado en el Artículo 18 de la LGCP y el Artículo 33 del RLGCP.
• En todos los concursos en que presenten sus propuestas, los oferentes y subcontratistas deberán manifestar expresamente en su oferta que la información contenida en la declaración jurada, presentada en el registro que al efecto lleve la Dirección de Contratación Pública, se mantiene invariable, de acuerdo con lo estipulado en el Artículo 29 de la LGCP
• Los oferentes y subcontratistas registrados están obligados a mantener actualizada la información que hayan aportado al momento de solicitar su inscripción en el Registro Oficial de Proveedores y Subcontratistas para cada proceso de contratación en el que quieran participar.
• El oferente extranjero deberá brindar en su plica una declaración de someterse a la jurisdicción y tribunales nacionales para todas las incidencias que de modo directo o indirecto puedan surgir del contrato, con renuncia a su jurisdicción conforme a lo previsto en el Artículo 121 del RLGP
• Es obligación del oferente presentar su propuesta en idioma español y en caso de presentación de panfletos o documentación adicional en otros idiomas, ésta deberá ser en forma electrónica y hacerse acompañar mínimo de una traducción libre de su texto. Se recuerda, para el caso de presentación de documentos emitidos en el exterior que, para su validez y eficacia en Costa Rica, deberán ser debidamente legalizados por cualquiera de los procesos de legalización, a saber: consularización, apostillado (conforme con el Tratado Internacional de La Haya de 1961, sobre la Eliminación del Requisito de la Legalización de Documentos Públicos Extranjeros para el Apostillado de Documentos) o certificación notarial, conforme a lo previsto en el Artículo 118 del RLGCP.
• No se permite la cotización parcial de la línea ni el cobro separado del transporte, acarreo y/o descarga. Se presume que el monto total cotizado los contempla, incluyendo tasas, sobretasas, aranceles de importación y demás impuestos del mercado local todo conforme a lo previsto en el Artículo 41 de la LGCP y el Artículo 98 párrafo in fine del RLGCP.
• De presentarse alguna circunstancia con la cual el oferente, adjudicatario o contratista llegare a incumplir con el objeto del contrato o el plazo de entrega, invoque o introduzca hechos falsos, se impondrá el régimen sancionatorio aplicable a la etapa del proceso de contratación, y de acuerdo a los hechos, que se den; sin detrimento de las responsabilidades civiles y penales, que, se le pueden endilgar, así como la eventual ejecución de la garantía de cumplimiento, y el cobro del monto al descubierto, que, se le adeude a la Administración Licitante.
• En todos los procedimientos regidos por la LGCP, es posible mejorar los precios que fueron indicados desde la oferta cuando así se establezca en el pliego de condiciones. Dicha facultad la podrán ejercer todos los oferentes que hayan presentado su oferta económica, una vez realizados los estudios de razonabilidad sobre los precios originalmente ofertados.

Los precios una vez mejorados serán considerados para efectos comparativos y también deberán ser sometidos al respectivo análisis de razonabilidad del precio.

En todo caso, el oferente que presente una mejora del precio se encuentra obligado a justificar la disminución del precio.

El oferente que ofrezca descuentos y mejoras en los precios deberá incorporar la estructura del precio descontado, considerando todos los elementos que los componen, además, de la estructura del precio sin descuento.

Si los descuentos o las mejoras en los precios se presentan en la oferta, podrán ser considerados para efectos de comparación de precios, de lo contrario únicamente serán considerados para efectos de pago.

En el caso de la mejora de precio se deberá de contar de previo al inicio de la etapa de mejora con los respectivos presupuestos detallados y las estructuras de costos de la oferta base a efectos de poder posteriormente compararlos con los presupuestos detallados y las estructuras de costos de los precios mejorados y así poder identificar de forma clara la justificación de los descuentos ofrecidos, de acuerdo a lo indicado en el Artículo 99 del RLGCP.

DE LA MONEDA. 

Todo oferente deberá cotizar en colon costarricense, de acuerdo con lo establecido en la Directriz No. 044-H denominada “Directriz de uso de la moneda nacional en las contrataciones públicas”, publicada en el Alcance No. 156 de la Gaceta No. 167 del 10 de setiembre del 2024, la cual, en su Artículo 1, señala:

Artículo l º -Las entidades y órganos del Poder Ejecutivo, a partir de la publicación de la presente Directriz, deberán efectuar todas sus contrataciones de bienes y servicios en moneda nacional, estableciendo el requisito desde el pliego de condiciones de las contrataciones públicas, siempre y cuando las circunstancias del mercado lo ameriten y ello no cause un perjuicio a la satisfacción del interés público, lo cual deberá quedar acreditado dentro del expediente de la contratación. (Lo resaltado no es del original). 

En caso de recibir ofertas en moneda extranjera, estas no resultarán inadmisibles por ese motivo, no obstante, la Administración, para efectos de la evaluación de ofertas, realizará la conversión utilizando el tipo de cambio de venta del dólar emitido por el Banco Central de Costa Rica,-en adelante B.C.C.R.- correspondiente al día de apertura y, adicionalmente, dicha conversión se mantendrá ante una eventual adjudicación, a fin de emitir posteriormente el contrato y su respectivo pago en moneda nacional, cumpliendo así lo estipulado en la Directriz citada.

DEL PRECIO.

Para confeccionar sus propuestas económicas, los participantes deberán considerar, que, el precio de la oferta será considerado firme, definitivo, invariable y en plaza, y deben incluir el I.V.A., el costo de producción, administración, custodia, carga, además, de los impuestos nacionales que le afecte, así como cualquier tributo que afecte al objeto contractual. 

Si el oferente no señala los tributos que afectan su propuesta, se presume que el monto total cotizado los contiene, incluyendo tasas, sobretasas, aranceles de importación y demás impuestos del mercado local. Todo conforme a lo previsto en el Artículo 41 de la LGCP y el Artículo 98 párrafo in fine del RLGCP.

• El oferente debe incluir el precio de cotización en la celda de “precio unitario sin impuesto”, de la posición, en el aparte del SDU denominado “[Información de bienes, servicios u obras]” –primera columna-, además incluir en la respectiva casilla el porcentaje del V.A. que correspondiere.

• El oferente en su propuesta en relación con el precio de cotización, además de considerar lo indicado en el aparte anterior en cuanto al V.A., deberá contemplar la retención que en la fase de pago procediere, de acuerdo con las estipulaciones normativas contempladas en la Ley N°7092 y sus reformas denominada Ley del Impuesto sobre la Renta.

• De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N° 9635 del 04 de diciembre del 2018 y Ley del Impuesto al Valor Agregado N° 6826 de 8 de noviembre de 1982, y sus reformas, las entidades públicas no están exoneradas del pago del V.A. Por ello, será responsabilidad del oferente incluir en su cotización el monto del I.V.A., según el objeto previsto en el cartel, en los términos expuestos anteriormente en los apartes a) y b).

En caso de que no se consigne expresamente el monto y/o el porcentaje del I.V.A. en la oferta, la Administración presumirá su inclusión en el monto cotizado, de conformidad con lo estipulado en el Artículo 41 del LGCP y a falta de indicación o detalle, podrá realizar el rebajo porcentual de ese tributo cuando resulte procedente para la adjudicación o el pago. 

Para la comparación de ofertas, se considerará el precio cotizado con impuesto –sea que se presuma o lo haya consignado de manera expresa- y la adjudicación se efectuará contemplando el I.V.A.

• Para las adquisiciones “libre de derechos de importación” el precio cotizado se entenderá, para todos los efectos, libre de los impuestos o derechos arancelarios, salvo el V.A. sobre el cual no aplicará exoneración alguna, no obstante, el oferente deberá presentar el desglose del precio ofertado por los rubros: del precio CIF del bien o valor CIF (precio de fábrica, seguro y flete), Costo de Internamiento y otros, de conformidad con el Artículo 10 del Decreto Ejecutivo que se dirá en al párrafo siguiente, adicionalmente, se debe indicar la partida arancelaria en la que se clasifica la mercancía y el país de origen. Presentar Formulario de Importación contenido en el ANEXO de este documento.

Para efectos de comparar precios de las ofertas la Administración tomará en cuenta las disposiciones contempladas en el Decreto Ejecutivo N° 32448-MP-MEIC-COMEX denominado “El Reglamento al Artículo 12 del Anexo 3 de la Ley N° 7017 – Ley de Incentivos para la Producción Industrial Anexo A del Arancel Centroamericano de Importación” y sus modificaciones, publicado en Diario Oficial La Gaceta N° 131 del 07/07/2005 y vigente a partir de tal fecha; para agregar al valor CIF de la importación el porcentaje que indique dicha normativa.

La exención de impuestos que en materia de importación es sujeto el MOPT a que hace referencia los dos párrafos anteriores es de conformidad con el Artículo N° 1 de la Ley N° 174.

• De tratar la propuesta del oferente el objeto de la contratación como importado, el precio deberá cotizarse bajo la regla de la Cámara de Comercio Internacional denominada INCOTERMS última versión (“Delivered Duty Paid”), que se traduce como: “Entregados derechos pagados” (…lugar de destino convenido), no obstante, a pesar de tal traducción, se excluye de las obligaciones del contratista el pago de impuestos y aranceles que de acuerdo con la exención de impuestos en materia de importación es sujeto el MOPT, de conformidad con el Artículo 1 de la Ley N°174, salvo el impuesto al valor agregado IVA. Adicionalmente el participante debe considerar lo siguiente:

Que para determinar el precio unitario el oferente debe contemplar el Incoterm DDP (impuestos no pagados), más el precio de descarga y estiba, dado que al momento asumirá la responsabilidad por tal actividad; y en forma anexa a la oferta en el SICOP incorporará un cuadro económico que refleje tales precios, según el siguiente formato: 

 Nota: (1) Se reitera que el precio con aplicación del Incoterm DDP (unitario), no debe incluir derecho o impuestos en los términos expuestos con anterioridad, salvo el IVA que corresponda.

 (2) El precio de la columna #5 corresponde al precio de cotización (final) sin impuesto que se deberá incluir en el aparte del SICOP denominado “[Información de bienes, servicios u obras]” – primera columna-, más el porcentaje del IVA, en los términos expuestos en el punto a) anterior

 La obligación de la Administración se circunscribirá exclusivamente a: 

1. Gestionar la correspondiente autorización de exoneración de impuestos ante el Ministerio de Hacienda, con la utilización del Sistema de Exoneraciones de Impuestos, conocido como Exonet, luego de que el contratista presente la documentación para tal trámite (Oficio solicitud del trámite y copia del conocimiento de embarque -Bill of Landing –BL-)
2. Efectuar el pago en tiempo y forma del precio pactado.

• El oferente podrá ofrecer descuentos y mejoras en su precio debiendo detallar su estructura de precio todo dentro de los alcances del Artículo 41 de la LGCP y Artículos 105 y 235 del RLGCP, bajo ningún supuesto la mejora implicará disminución de cantidades, desmejora de la calidad y condiciones de lo originalmente ofrecido o el otorgamiento de una ventaja indebida para el proponente, ni podrá ser mayor a la utilidad establecida en el precio original.

• En todos los procedimientos regidos por la LGCP, es posible mejorar los precios que fueron indicados desde la oferta cuando así se establezca en el pliego de condiciones. Dicha facultad la podrán ejercer todos los oferentes que hayan presentado su oferta económica, una vez realizados los estudios de razonabilidad sobre los precios originalmente ofertados.

Los precios una vez mejorados serán considerados para efectos comparativos y también deberán ser sometidos al respectivo análisis de razonabilidad del precio.

Bajo ningún supuesto la mejora implicará disminución de cantidades, desmejora de la calidad y condiciones de lo originalmente ofrecido o el otorgamiento de una ventaja indebida para el proponente ni podrá ser mayor a la utilidad establecida en el precio original, lo anterior de acuerdo a lo indicado en el Artículo 41 de la LGCP.

En todo caso, el oferente que presente una mejora del precio se encuentra obligado a justificar la disminución del precio. El oferente que ofrezca descuentos y mejoras en los precios, deberá incorporar la estructura del precio descontado, considerando todos los elementos que los componen, además, de la estructura del precio sin descuento. Si los descuentos o las mejoras en los precios se presentan en la oferta, podrán ser considerados para efectos de comparación de precios, de lo contrario únicamente serán considerados para efectos de pago, todo lo anterior de acuerdo a lo indicado en el Artículo 99 del RLGCP.

En el caso de la mejora de precio se deberá de contar de previo al inicio de la etapa de mejora con los respectivos presupuestos detallados y las estructuras de costos de la oferta base a efectos de poder posteriormente compararlos con los presupuestos detallados y las estructuras de costos de los precios mejorados y así poder identificar de forma clara la justificación de los descuentos ofrecidos, de acuerdo al Artículo 99 del RLGCP.

• En todos los casos, la Administración debe realizar un estudio de razonabilidad del precio, según lo que dispone el Artículo 41 de la LGCP. En el supuesto de que la Administración presente dudas acerca de la razonabilidad del precio de una oferta y ese sea el único factor determinante para adjudicar, se podrá adjudicar la contratación siempre y cuando el oferente presente de previo a la adjudicación una línea de crédito o garantía que asegure que cuenta con medios para cumplir con el bien, la obra o el servicio, sin que la Administración cancele un mayor precio que el cotizado, todo conforme los alcances del Artículo 41 de la LGCA y Artículo 101 del RLGCP. 

• El oferente deberá presentar la estructura del precio tanto en términos absolutos como porcentuales. Cuando haya discrepancias entre los valores absolutos y los porcentuales de la estructura de precio presentada por el oferente, prevalecerán los valores absolutos sobre los porcentuales.

Todo lo anterior de acuerdo al Artículo 42 de la LGCP y el Artículo 102 del RLGCP.

• El oferente deberá contemplar una utilidad no menor al diez (10) por ciento, en su oferta económica; la oferta, con una utilidad menor a la indicada, será inadmisible.

• El oferente en la cotización deberá indicar los precios expresados con un máximo de DOS DECIMALES, independientemente de la moneda en la cual se presenta la oferta. El no acatamiento de lo anterior facultará a la Dirección de Proveeduría Institucional (en caso de existir más de dos decimales), a utilizar los primeros dos decimales sin aplicar ningún tipo de redondeo sobre los mismos.
• El presupuesto detallado deberá ser presentado únicamente por el adjudicatario dentro del plazo de ocho días hábiles posteriores a la firmeza de la adjudicación y antes de la suscripción del contrato. En caso de no presentarse en ese plazo, la Administración procederá conforme a lo establecido en los Artículos 42 y 52 de la LGCP y Artículos 103, 107, 108 y 109 del RLGCP.

PRECIOS INACEPTABLES

De conformidad con el Artículo 106 del RLGCP, se estimarán precios inaceptables y no formarán parte de las ofertas elegibles aquellas que contengan precios con las siguientes características:

• Precio ruinoso o no remunerativo para el oferente: que dé lugar a presumir el incumplimiento por parte de éste de las obligaciones contractuales por insuficiencia de la retribución establecida. La Administración deberá solicitar al oferente que justifique y desglose razonada y detalladamente, mediante la presentación de aquella información y documentos que resulten pertinentes, que el precio cobrado le permite cubrir los costos de la obra, bien o servicio de conformidad con los requerimientos del pliego de condiciones. Esa solicitud deberá efectuarla antes de aplicar el sistema de evaluación, a efecto de no incluir en el listado de ofertas elegibles aquella que contenga un precio ruinoso, sin perjuicio de que en caso de duda acerca de la razonabilidad del precio de previo, solicite una línea de crédito o una garantía conforme lo establece el Artículo 41, párrafo cuarto, de la LGCP y proceda conforme a lo regulado en el Artículo 101 de este Reglamento, todo lo anterior de acuerdo a lo indicado en el Artículo 106 del RLGCP.

En la presenta licitación se presume cuando el precio cotizado se encuentra por debajo de un (12%) del precio promedio general del mercado.

• Precio excesivo: es aquel que comparándose con los precios normales de mercado los excede o bien que supera una razonable utilidad. Antes de adoptar cualquier decisión, la Administración indagará con el oferente cuáles motivos subyacen para ese tipo de cotización y éste deberá justificar razonadamente su oferta, para lo cual aportará la información y documentos que resulten pertinentes, de acuerdo a lo indicado en el Artículo 106 del RLGCP.

En la presenta licitación se presume cuando el precio cotizado excede en un (12%) o más, el precio promedio general del mercado.

• Precio que excede la disponibilidad presupuestaria: en los casos en que la Administración no tenga medios para el financiamiento oportuno o el oferente no acepte ajustar su precio al límite presupuestario, manteniendo las condiciones y calidad de lo ofrecido. En caso de que el oferente acepte ajustar su precio, la Administración deberá verificar que el precio ajustado sea razonable. En tal caso, la oferta se comparará con el precio original y no con el precio derivado del ajuste, de acuerdo a lo indicado en el Artículo 106 del RLGCP.
• Precio colusorio o práctica desleal: Se refiere a los precios cotizados por aquellos oferentes que, pese a haber sido sancionados por las autoridades nacionales en materia de competencia, cotizan directa o indirectamente por medio de algún miembro de su grupo comercial, durante el período en que hubiera sido sancionado conforme a lo previsto en la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, Ley N°7472 de 20 de diciembre de 1994 y sus reformas y de acuerdo con lo previsto en la Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia de Costa Rica, Ley N°9736 de 5 de setiembre de 2019. Cuando la Administración detecte alguna práctica colusoria o desleal, deberá iniciar las gestiones establecidas en el Artículo 138 del RLGCP

La Administración en el análisis de las ofertas deberá motivar técnicamente, las razones por las cuales concluye que el precio es inaceptable. En el caso del inciso d), anexará la resolución de las autoridades de competencia en la que se sanciona al oferente, todo lo anterior de acuerdo a lo indicado en el Artículo 106 del RLGCP.

PLAZO DE ENTREGA

El oferente deberá indicar en su propuesta el plazo en el cual hará entrega de la mercancía objeto de esta contratación, debiendo considerar para ello que el plazo máximo permitido es de 180 DÍAS NATURALES, a partir del día siguiente hábil de la notificación al contratista de la respectiva Orden de Compra, lo cual se efectuará en forma electrónica con la utilización de la plataforma SDU.

Ahora bien, de omitirse el registro del plazo de entrega por el oferente, se entenderá con la sola presentación de la oferta, que se acepta el plazo de entrega máximo establecido, y por ende este sería el dato tomado en cuenta para aplicar la metodología de evaluación (180 DÍAS NATURALES).

Adicionalmente se debe tomar en consideración lo siguiente:

• El plazo contará con la característica de ser único y no se aceptarán entregas parciales de la única línea, esto último significa que en la fase de ejecución se aceptará únicamente la entrega de la totalidad de la mercancía por la posición indicada, según el plazo pactado.
• Tiempo de Entrega para mercancías en plaza: Se debe indicar en la oferta el tiempo efectivo de entrega en DÍAS NATURALES, a partir del día siguiente hábil de la notificación al contratista de la respectiva Orden de Compra, lo cual se efectuará en forma electrónica con la utilización de la plataforma SDU
• Entrega inmediata: Se entenderá como la entrega del bien en UN DÍA HÁBIL, es decir, al día hábil siguiente de la notificación al contratista de la Orden de Compra, en los términos de notificación indicados en el párrafo anterior.
• Tiempo de Entrega para mercancías importadas: Se debe indicar en la oferta el tiempo total para la entrega, en DÍAS HÁBILES, señalando por separado lo siguiente:

Plazo para presentación de documentos para apertura de Carta de crédito:

Este plazo aplicable si se escogió como forma de pago “Carta de Crédito”, se iniciará a partir del día siguiente de la notificación al Contratista de la (s) ORDEN (ES) DE COMPRA lo cual se efectuará en forma electrónica con la utilización del sistema SICOP. Sera la cantidad de días HÁBILES requeridas para la presentación de formal solicitud de apertura de “Carta de Crédito” ante el Departamento de Contrataciones de la Proveeduría institucional, aportando además del Original de la (s) Orden (es) de Compra, la información bancaria imprescindible en el formulario denominado “FORMULARIO DE IMPORTACIONES” indicado en el ANEXO N° 1 de este documento, en el cual se requiere indicar: Nombre del Banco en el exterior, número de cuenta, condiciones de porcentajes de pago, indicación del número de originales de Guías de embarque (BL: Bill Loading) que solicitará el banco para la recepción de fondos (para prevenir inconsistencias dado que las navieras emiten un máximo de tres originales se recomienda dos originales para el Banco en el exterior y un tercer original enviado vía courier a la Proveeduría Institucional para el trámite de desalmacenaje de la mercadería) y cualquier otra información necesaria.

Plazo para presentación de documentos para exoneración:

Se iniciará a partir del día siguiente de la notificación al Contratista del PEDIDO DE COMPRA. Cuando la forma de pago sea por “Carta de Crédito” se iniciará a partir del día siguiente de la notificación de la apertura de la carta de crédito por parte del Banco en el exterior, este plazo en días HABILES transcurrirá hasta la presentación ante el Departamento de Contrataciones de la Proveeduría Institucional de los documentos necesarios para el trámite de la exoneración de impuestos de la mercadería, que implica Original del Pedido de Compra, Original de la Guía de embarque BL (Bill Loading) y Original de Factura Comercial.

Plazo para entrega efectiva:

Es aquel en el cual se hará entrega efectiva de la mercancía, a partir del día siguiente hábil de la notificación al contratista de la exoneración, la confirmación o se haya avisado la carta de crédito, lo que ocurra de último en el tiempo.

Para efectos de evaluación los plazos de los puntos anteriores a) y b), serán sumados para obtener en total el tiempo del factor de plazo entrega; cabe mencionar que el contratista mantendrá la obligación de cumplir con ambos plazos, según lo haya propuesto.

Entrega indicada en días calendario o naturales: Si algún oferente indica el plazo de entrega en días naturales o calendario, la Administración únicamente para efectos de evaluación o desempate, efectuará una conversión a días hábiles aplicando la siguiente fórmula:

Queda entendido que el oferente que haya indicado el plazo de entrega en días calendario o naturales, de resultar contratista, estará en la obligación de cumplir con lo pactado dentro del plazo indicado en su plica, debiéndose considerar que, si el plazo concluye en día inhábil para el MOPT, la fecha límite para la entrega se entenderá prorrogada al día hábil siguiente.

ENCARGADO GENERAL DEL CONTRATO.

La designación de administrador del contrato se establece de conformidad con los Artículos 37 y 106 de la LGCP, tal administración recayó en el servidor: Ing. Ariel Vega León, subdirector de la División Marítimo Portuaria, a quien se le podrá contactar a la dirección de correo electrónico ariel.vega@mopt.go.cr y al 2523-2783

En caso de presentarse eventos futuros que impidan la continuidad del funcionario en tal condición, la designación mencionada en el párrafo supra podrá ser variada en la etapa de ejecución por parte del Programa 328-00 para lo cual se emitirá comunicación por parte del Programa al contratista, actuación de la cual se dejará constancia en el expediente del SDU.

FORMA DE PAGO

Para efectos de operacionalización del trámite de pago, el contratista deberá considerar lo siguiente:

El pago se realizará en colones costarricenses, de conformidad con la Directriz No. 044-H denominada “Directriz de uso de la moneda nacional en las contrataciones públicas”, salvo lo dispuesto en el Artículo 49 de la Ley 7558, Ley Orgánica del B.C.C.R., de 3 de noviembre de 1995.

La forma de pago será usual de Gobierno, según lo establecido en el Artículo 19 del RLGCP, consiste en máximo treinta (30) días naturales, salvo las excepciones establecidas por el bloque de legalidad o aquellas autorizadas por la Tesorería Nacional para la Administración Central. Los pagos que realice la Tesorería Nacional estarán sujetos a la situación fiscal del país y disponibilidad de recursos, respetando los calendarios de pagos establecidos por la Tesorería Nacional; contados a partir de la presentación de la factura, previa verificación del cumplimiento a satisfacción de lo indicado en el contrato por parte de la Administración.

El contratista en la factura electrónica que presente o remita al correo electrónico del Administrador de Contrato a cobro de la Institución, deberá considerar en el apartado de “Nota u Observaciones” o “como una o varias líneas adicionales”, el número de cuenta IBAN, así como, el porcentaje y monto de retención sobre el Impuesto de Renta que le afecte, de conformidad con Ley N°7092 denominada Ley del Impuesto sobre la Renta y normas tributarias concordantes; sin que ello modifique algún rubro del subtotal o total de la misma. A continuación, a modo ilustrativo se muestra una posible redacción de lo antes mencionado: “Genera retención del 2%, igual a ¢ XXXX.” o “Genera retención del 2%, igual a $ XXXX.”, requiriéndose sustituir las “X” por el porcentaje y monto (en la moneda pactada) que correspondiere.

Además, en el apartado de “Nota u Observaciones” o “como una o varias líneas adicionales”, citado en el párrafo anterior, se deberá incluir: el número de documento de ejecución presupuestaria al cual se le imputa el gasto (Orden de Compra) y número de contratación.

Una vez cumplido con el objeto contractual en los términos previstos en el pliego de condiciones y el contrato el contratista tendrá la obligación de presentar la factura en un plazo máximo de 05 DÍAS HÁBILES. El contratista será responsable del cumplimiento de esta obligación para hacer efectiva y exigible la contraprestación económica del contrato.

Se deberá suministrar electrónicamente como anexo en el SDU la información solicitada en el “Formulario de Importación” del ANEXO de este documento, para las mercancías importadas por el oferente nacional.

La Administración admite la forma de pago Carta de Crédito, conforme la Directriz DIR-TN-003-2022 de Tesorería Nacional se indica lo siguiente:

• Carta de Crédito: Instrumento de pago emitido a un vendedor o exportador (Beneficiario) por un banco ha pedido del comprador o importador (Ordenante), y que será utilizado para pagar por el embarque de bienes o servicios contra presentación de documentos de acuerdo a los términos y condiciones de la carta de crédito. Por lo que dicho documento representa una obligación irrevocable a favor del beneficiario por parte del emisor.
• Garantía: Compromiso por parte de un tercero del pago sobre la carta de crédito emitida por una entidad del Gobierno ante un Banco.
• Mecanismo de Pago: Medio establecido para el pago total o parcial al proveedor por el suministro del servicio o bien contratado.

Modalidades de Pago: 

A la vista: deberá ser pagada inmediatamente por parte del banco emisor, una vez sean presentados y aceptados los documentos indicados en la contratación para la exigibilidad del pago, en el plazo regulado por las Reglas y Usos Uniformes UCP 600. Este plazo será además negociado entre el banco emisor y el avalista para proceder con el pago al primero.

Diferido: será el plazo definido de previo a la firma de la carta de crédito y que correrá a partir de la presentación y aceptación de los documentos indicados en la contratación para la exigibilidad del pago al banco emisor. Este plazo será además negociado entre el banco emisor y el avalista para proceder con el pago al primero.

• Artículo 3°: Las cartas de crédito que deban ser avaladas por la Tesorería Nacional deberán sujetarse a las siguientes disposiciones:

1. Copia del contrato de contratación administrativa que respalde la compra del bien o servicio, mediante la forma de pago de carta de crédito.
2. Formulario de apertura de solicitud de Carta de Crédito firmado por el Representante Legal de la entidad ordenante, el cual deberá detallar: banco, proveedor, moneda, monto, fecha de vencimiento, en la condición de pago debe marcarse: pago hasta por 30 días vista, siempre y cuando se cupla el bloque de legalidad referente al visado del gasto, avisada por el Banco receptor, y aquellos otros lineamientos establecidos en esta directriz.
3. Declaración Jurada suscrita por el director Financiero (anexo № 1) que respalde el cumplimiento de requisitos legales, contractuales y técnicos que anteceden la apertura de una carta de crédito.
4. Cumplir con las disposiciones emitidas por el Comité de Coordinación de la Administración Financiera (CCAF) para las entidades que se encuentran dentro del ámbito de cobertura de dicho órgano.
5. Una vez recibida la documentación completa, la Tesorería Nacional procederá con la revisión.
6. respectiva y, si todo está conforme con la normativa legal, se tramitará la apertura de la carta de crédito requerida, para lo cual esta Dirección dispondrá de un día hábil posterior a su recepción.

DECLARACIONES JURADAS Y CERTIFICACIONES 

El régimen de prohibición se verificará en el Sistema SDU.

Las siguientes declaraciones deben constar en el Registro de Proveedores del SICOP:

Declaraciones Juradas inciso C) Art. 32 RLGCP: Que se trata de un proveedor nacional o extranjero. En caso de que el proveedor sea una pequeña o mediana empresa, debe aclarar que es una PYME, conforme lo establece la Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas, Ley N°8262 del 02 de mayo de 2002, y su Reglamento, así como su categoría, fecha de inscripción y país de origen.

• Que se encuentra al día con el pago de los impuestos nacionales.

• Que no le alcanza ninguna de las prohibiciones para contratar con la ADMINISTRACIÓN, de conformidad con la Ley General de Contratación Pública y este Reglamento. En caso de que le alcance alguna de dichas prohibiciones, deberá indicar con cuál institución tiene esta afectación.

• Que se acepta en el caso de proveedor extranjero, someterse a los Tribunales y Leyes de Costa Rica, en todo lo concerniente a los trámites del procedimiento licitatorio; la ejecución del contrato y los reclamos por responsabilidad que se derivan del mismo, con renuncia expresa de su jurisdicción.

• Tratándose de personas físicas, deberá presentar una declaración jurada en la que indiqué el beneficiario final, incluyendo su nombre completo y su condición declarada de beneficiario final, lo cual será verificado en el SICOP. (Registro Electrónico Oficial de Proveedores y Subcontratistas)

• Tratándose de personas jurídicas, deberá presentar una declaración jurada de naturaleza y propiedad de las acciones que contenga la cédula jurídica o física de los accionistas, según corresponda, el capital social, la naturaleza de sus acciones y a quién pertenecen. Además, cada proveedor también debe presentar, como parte de esa declaración jurada, información precisa y completa sobre su(s) beneficiario(s) final(es), incluido el (los) nombre(s) completo(s) de su(s) beneficiario(s) final(es), así como el tipo y número de documento de identificación oficial.

La información declarada respecto a los beneficiarios finales será únicamente para consulta y verificación por parte de la ADMINISTRACIÓN contratante a fin de verificar las prohibiciones establecidas en el artículo 28 incisos c) y k) de la Ley General de Contratación Pública.

CERTIFICACIONES

• Deberá aportar una certificación en forma electrónica, indicando ser representante a nivel nacional de la marca de los equipos ofrecidos.

• Para el equipo ofertado el oferente deberá presentar certificación en forma electrónica, emitida por el fabricante del equipo, indicando la cantidad de años completos en que el oferente es representante a nivel nacional e internacional del tipo de equipo y la marca ofertada objeto de esta contratación. 

• El oferente deberá aportar declaración jurada en la que se indique que la capacitación será impartida por personal certificado por la casa fabricante del equipo.

• Aportar declaración jurada del oferente y declaración jurada del fabricante que indique el año, marca y modelo de fabricación del equipo ofertado.

ADJUDICACIÓN.

Al sumar los porcentajes de la línea, la oferta que obtenga la mayor calificación será la adjudicataria. En caso de que dos o más ofertas resultaren con igual porcentaje en su calificación, se adjudicará a quien presente, primero: el menor precio, segundo: el mayor porcentaje en los Criterios Sustentables, tercero: la mayor cantidad de años de experiencia del oferente, por cada ítem a evaluar. Finalmente, si las ofertas continúan en igualdad de condiciones, se efectuará un sorteo para determinar el adjudicado, previa convocatoria a los interesados, en la Sala de Aperturas de la Dirección de Proveeduría Institucional, de conformidad con el Artículo 97 del RLGCP.

Lo anterior, salvo que se presente como oferente una o más PYME (Pequeña y Mediana Empresa), en cuyo caso se procederá de conformidad con el inciso a) del Artículo 20 de la Ley 8262 denominada Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas, a saber:

            “serán escogidas, preferentemente respecto de los demás oferentes, las PYMES de producción nacional cuyos productos sean de calidad equiparable, abastecimiento adecuado y precio igual o inferior al de los productos importados. En condiciones de igual precio, calidad y capacidad de suministros y servicios, las entidades públicas, preferirán a las PYMES de producción nacional; además, tomarán en cuenta los costos de bodegaje, seguro y costo financiero en que se podría incurrir al comprar el producto.” 

Y se establece como mecanismo de desempate para la adjudicación de la oferta, lo siguiente:

1. Se preferirán a las PYMES de Producción Nacional
2. De presentarse a concursar PYMES nacionales y resultar un empate, se aplicará la siguiente puntuación adicional: a la PYME de industria 5 puntos, a la PYME de servicio 5 puntos y a la PYME de comercio 2 puntos, de persistir el empate se aplicarán los criterios de desempate indicados en el primer párrafo del presente aparte de “ADJUDICACIÓN”, todo dentro de los alcances normativos del Decreto Ejecutivo N° 33305-MEIC-H, denominado “Reglamento Especial para la Promoción de las PYMES en las Compras de Bienes y Servicios de la Administración” y el Artículo 97 del RLGCP. 

De participar como oferentes una Asociación para el Desarrollo de las comunidades constituida conforme a lo dispuesto en la Ley N° 3859 denominada Ley sobre el Desarrollo de la Comunidad, será escogida preferentemente, en el tanto cumpla con los requerimientos establecidos en el pliego cartelario.

La Dirección de Proveeduría Institucional resolverá este concurso en el doble del plazo otorgado para la presentación de ofertas, pudiendo prorrogarse por un plazo igual en forma justificada, en casos excepcionales de conformidad con el Artículo 51 del LGCP; todas las actuaciones se comunicarán por medio del SDU. Si transcurrido el plazo de seis meses, contado a partir del vencimiento de la prórroga, no se ha emitido el primer acto final, operará la caducidad del procedimiento.

El acto final que no haya adquirido firmeza podrá ser revocado por la propia Administración, aun cuando sea recurrido. En caso de recurrirse el acto final, la revocación deberá ser adoptada previo al vencimiento del plazo otorgado para la audiencia inicial, haciendo constar las razones de tal proceder mediante resolución motivada y, en tal caso, se ordenará el archivo inmediato del recurso sin mayor trámite. Contra el acto de revocación y el de archivo no cabrá recurso alguno, de conformidad con el Artículo 51 de la LGCP.

Se advierte a los participantes que la adjudicación que recayere queda sujeta a la Aprobación Interna de la Dirección de Asuntos Jurídicos del MOPT, de conformidad con el Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones, establecido por la Contraloría General de la República según Resolución N° R-CO-44-2007, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 202 del 22 de octubre del 2007 y sus reformas.

La Administración está facultada para declarar el concurso insubsistente y readjudicarlo de forma inmediata, cuando el adjudicatario no otorgue la garantía de cumplimiento a plena satisfacción, no presente el presupuesto detallado en el plazo estipulado en el Artículo 42 de la LGCP o cuando notificado no suscriba el contrato. Para proceder con la readjudicación se deberá seguir el orden de prelación según la calificación que hayan obtenido los restantes oferentes elegibles. La decisión que se adopte es susceptible de ser impugnada a través del recurso correspondiente. El adjudicatario que fue declarado insubsistente no podrá impugnar el nuevo acto de adjudicación.

Para hacer uso de la facultad de readjudicación, la Administración contará con el plazo máximo de diez días hábiles a partir de que se constate la falencia imputada al adjudicatario, pudiendo ser prorrogada por un plazo adicional de cinco días hábiles, previa acreditación de las razones calificadas que originaron la prórroga.

Todo lo anterior de acuerdo a lo indicado en el Artículo 52 de la LGCP.

DEL ADJUDICATARIO Y/O CONTRATISTA

Una vez en firme el acto de adjudicación el contratista deberá considerar además de lo siguiente; la sujeción al régimen jurídico que regula la actividad de Contratación Pública, según lo estipulado en el Artículo 7 de la LGCP.

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.

La garantía de cumplimiento se regirá por lo estipulado en los Artículos 44 y 45 de la LGCP y el Artículo 110 siguientes y concordantes del RLGCP.

El contratista presentará su garantía de cumplimiento de un valor del 5% del monto adjudicado, cuya vigencia cubra la totalidad del plazo contractual y que su fecha de vencimiento esté fijada mínimo hasta tres meses a la fecha de vencimiento del plazo contractual inicialmente pactado o de la última prórroga según llegase a corresponder. Se establece para la presentación de la garantía del cumplimiento el plazo 3 días hábiles, a partir del día siguiente hábil de la notificación al contratista del aviso que emite la plataforma SDU, en el cual se indique que se encuentra en firme la adjudicación.

Es una obligación del contratista mantener vigente la garantía de cumplimiento mientras no se haya recibido el objeto del contrato o el contrato se encuentre aún en ejecución. Si un día hábil antes del vencimiento de la garantía, el contratista no ha prorrogado su vigencia, la Administración deberá hacerla efectiva en forma preventiva y mantener el dinero en una cuenta bajo su custodia, el cual servirá como medio resarcitorio en caso de incumplimiento. En este caso, el contratista podrá presentar una nueva garantía sustitutiva del dinero.

La garantía de cumplimiento deberá ser rendida electrónicamente a través del SDU. Las garantías de cumplimiento también podrán ser extendidas por bancos internacionales de primer orden, según reconocimiento que haga el B.C.C.R., cuando cuenten con un corresponsal autorizado en el país, siempre que sean emitidas conforme la legislación costarricense y sean ejecutables en caso de ser necesario.

Los bonos y certificados se recibirán por su valor de mercado y deberán acompañarse de una estimación efectuada por un operador de alguna de las bolsas legalmente reconocidas. Se exceptúan de presentar estimación, los certificados de depósito a plazo emitidos por bancos estatales, cuyo vencimiento ocurra dentro del mes siguiente a la fecha en que se presenta. En caso de que se emita físicamente, el bono deberá depositarse según lo establecido por la Administración contratante, la cual será responsable de su custodia.

No se reconocerán intereses por las garantías mantenidas en depósito por la Administración; sin embargo, los que devenguen los títulos hasta el momento en que se ejecuten, pertenecen al dueño.

Las garantías de cumplimiento pueden rendirse en cualquier moneda extranjera o bien en su equivalente en moneda nacional, al tipo de cambio de referencia para la venta, calculado por el Banco Central de Costa Rica, vigente al día anterior de la suscripción del contrato. El contratista está obligado a mantener actualizado el monto de la garantía, por las variaciones de tipo de cambio que le puedan afectar.

RIESGOS DEL TRABAJO. 

La presente contratación no genera responsabilidad laboral entre la Administración y el contratista -o sus empleados-, no obstante, por constituir la regulación de riesgos de trabajo norma de orden público, que tiene trascendencia en las relaciones contractuales de la Administración, se dispone que el contratista debe presentar constancia del Instituto Nacional de Seguros en torno al “Seguro Obligatorio de Riesgos del Trabajo” aplicable al objeto de la contratación.

MODIFICACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO.

La Administración podrá modificar sus contratos vigentes siempre que con ello se logre una mejor satisfacción del interés público, sin superar bajo ningún concepto el veinte por ciento (20%) del monto y el plazo del contrato original, conforme a lo previsto en el Artículo 101 de la LGCP.

CESIÓN.

Los derechos y las obligaciones derivados de un contrato en ejecución podrán ser cedidos a un tercero, siempre que no se trate de una obligación personalísima. En todo caso, la cesión del contrato debe ser autorizada por la Administración Licitante, mediante acto debidamente razonado en el que al menos analizará:

1. La causa de la cesión.
2. El cumplimiento por parte del cesionario de las principales condiciones y obligaciones legales, técnicas y financieras solicitadas en el pliego de condiciones.
3. Que el cesionario no esté afectado por alguna causal de prohibición.
4. Ventajas de la cesión frente a la posibilidad de resolver el contrato.
5. Eventuales incumplimientos del cedente hasta el momento y las medidas administrativas adoptadas.

El cesionario queda subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderían al cedente y este quedará libre de todas las obligaciones con la Administración.La cesión de los derechos de pago se regulará reglamentariamente.

Todo lo anterior de conformidad con lo establecido en el Artículo 102 de la LGCP y los Artículos 277 y 278 del RLGCP.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

La ejecución se iniciará a partir del día hábil siguiente de la notificación de la Orden de Compra al contratista, lo cual se efectuará electrónicamente vía sistema SDU, previo Aprobación Interna de la Dirección de Asuntos Jurídicos del MOPT del contrato.

Lo anterior, además de otros aspectos como: recepción provisional, recepción definitiva y rechazo del objeto contratado, se ejecutarán de acuerdo con lo indicado en el Artículo 109 de la LGCP y los Artículos 284 y 285 ss. y concordantes del RLGCP

RESOLUCIÓN CONTRACTUAL.

La Administración podrá resolver unilateralmente los contratos por motivo de incumplimiento grave imputable al contratista. Una vez firme la resolución contractual se procederá a ejecutar la garantía de cumplimiento y cualesquiera otras multas, si ello resulta pertinente. En el evento de que la Administración haya previsto en el pliego de condiciones cláusulas de retención, se podrán aplicar esos montos al pago de los daños y perjuicios reconocidos. De ser las garantías y retenciones insuficientes, se adoptarán las medidas en sede administrativa y judicial necesarias para obtener la plena indemnización, todo de acuerdo a lo indicado en el Artículo 113 de la LGCP y Artículo 293 del RLGCP.

El contratista tendrá el deber ineludible de cumplir estrictamente con sus obligaciones laborales y de seguridad social, incluyendo el respeto al monto por concepto de salarios mínimos establecidos según Decreto de Salarios Mínimos, las obligaciones de la CCSS y FODESAF, teniéndose su inobservancia como causal de incumplimiento contractual, en razón de lo cual la Administración podrá resolver unilateralmente el contrato, de conformidad con lo establecido en la Directriz del Poder Ejecutivo N° 34 de 08/02/2002, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 39 de 25/02/2002,  Artículo 113  de la LGCP, 85 inciso q) de la Ley de Protección al Trabajador y 74 inciso 3) de la Ley Orgánica de la Caja Costarricense de Seguro Social.

Adicionalmente se podrá disponer del procedimiento de resolución contractual cuando el contratista no realice la entrega total de los bienes requeridos. En este marco, se entenderá que esta causal se configurará cuando haya transcurrido UN MES desde el momento en el contratista debió entregar los bienes y no lo realiza respetando todas las condiciones cartelerías.

Además de lo anterior, se entenderán faltas graves y como consecuencia de estas la Administración estará facultada para resolver el contrato cuando ocurran en tres o más ocasiones, de manera alterna o consecutiva en un mismo periodo contractual, alguno de los siguientes hechos:

1. Incumplimiento en tiempo de entrega de tres o más ocasiones.
2. Entregas incompletas del servicio.
3. Entregas material defectuoso o dañado.