Demolición y Construcción llave en mano de sede Asociación Taller Protegido de Alajuela

El oferente deberá indicar en su propuesta el plazo de ejecución de la obra, el cual no deberá ser mayor a 180 días naturales, contados a partir de la orden de inicio

La ejecución del objeto contractual se llevará a cabo por lo dispuesto en el Cartel y Especificicaciones Técnicas 

LUGAR DE ENTREGA DE LA OFERTA:

La oferta y sus atestados se recibirán únicamente bajo la modalidad de oferta digital: inclusión de ofertas digitales por parte del interesado en el Sistema Digital Unificado SICOP. En ningún caso se aceptará la presentación de ofertas vía fax u otro medio no indicado en este pliego de condiciones.

FORMA DE PRESENTAR LA OFERTA:

La oferta digital debe cumplir con las disposiciones emitidas por la Dirección de Contratación Pública del Ministerio de Hacienda, de acuerdo con el uso y funcionamiento del Sistema Digital Unificado SICOP. Así como lo establecido en la Ley 8454 del 30 de agosto de 2005, el Reglamento a la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos "D.E. 33010 del 20 de marzo de 2006, Gaceta 77 de 21-04-2006.

La oferta deberá presentarse en el Sistema Digital Unificado SICOP, firmada digitalmente por quien tenga poder suficiente para ello, dentro del plazo previsto para tal efecto en el pliego de condiciones. La oferta estará encriptada e inaccesible hasta la hora y la fecha señaladas en el pliego de condiciones para la apertura de ofertas, garantizándose en el sistema digital unificado la confidencialidad (Artículo 119 del Reglamento a la LGCP 9986 y Artículo 9 de la Ley de Certificados, Firmas Digitales y documentos Electrónicos, Nº 8454, del 30 de agosto de 2005).

Para efectos de notificaciones el Sistema Digital Unificado SICOP lo hará de forma automática de acuerdo con los datos que el mismo oferente incluyó para el Registro de Proveedores, mismos que serán tomados por esta Administración en caso de ser necesario. Por lo tanto, será obligación del oferente mantener al día estos datos, ya que, en caso de no concretarse la comunicación por los medios consignados en dicho registro, toda notificación se entenderá realizada en el transcurso de un día hábil siguiente a partir de la emisión del acto administrativo; en cumplimiento del procedimiento que establece la ley de notificaciones #8687.

Es obligación del oferente mantenerse informado de todas las incidencias que se den en el proceso de selección, debiendo verificar el Sistema Digital Unificado SICOP, todas las notificaciones referidas al presente procedimiento, en atención a lo establecido en el Reglamento del Sistema Digital Unificado SICOP.

Todos los archivos adjuntos que el oferente introduzca en su oferta no deben presentar ningún inconveniente al momento de ser visualizados para el estudio de ofertas. Principalmente, si se trata de documentos que contengan elementos esenciales de la oferta o información complementaria que permita su análisis y estudio comparativo para efectos de adjudicación, de lo contrario la oferta será declarada inadmisible.

En caso de que en, su oferta se presenten documentos y tengan el estado: Confidencial, se debe aportar una justificación amplia y razonada, sobre el motivo que tiene la empresa para solicitar a la Administración mantener los documentos en la condición de confidencialidad, si esta justificación no se adjunta al momento de la apertura de ofertas automáticamente se cambiará los documentos al estado público; en apego a lo dispuesto en el Artículo 15 de la Ley General de Contratación Pública, así como en el Artículo 30 de su respectivo Reglamento.

DECLARACIONES QUE DEBEN PRESENTARSE EN LA OFERTA

Declaración jurada de que el oferente corresponde a un proveedor nacional o extranjero. En caso de que el proveedor sea una pequeña o mediana empresa, deberá indicarlo en la documentación adjunta a la oferta, aclarando que es una PYME, conforme lo establece la Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas, Ley N°8262 del 02 de mayo de 2002, y su Reglamento, así como su categoría, fecha de inscripción y país de origen.
Declaración jurada de que el oferente se encuentra al día con el pago de los impuestos nacionales.
Declaración jurada de que el oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones obrero patronal ante la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y del Fondo de Desarrollo Social y de Asignaciones Familiares (FODESAF), en el caso de empresas nacionales. Cualquier contratación en el territorio nacional que realicen entes de derecho público internacional u organismos internacionales, incluidos los contemplados en el inciso a) del artículo tercero de la Ley General de Contratación Pública, así como cualesquiera empresa extranjera, de conformidad con el artículo 14, inciso f) de la ley citada, deberán manifestar que se encuentran al día con las obligaciones obrero patronales con la Caja Costarricense de Seguro Social y el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares con respecto a las personas trabajadoras que contraten para realizar los servicios que presten en el país.
Declaración jurada de que el oferente acepta, en el caso de ser proveedor extranjero, someterse a los Tribunales y Leyes de Costa Rica, en todo lo concerniente a los trámites del procedimiento licitatorio; la ejecución del contrato y los reclamos por responsabilidad que se derivan del mismo, con renuncia expresa de su jurisdicción.
Declaración jurada de que el oferente no le alcanza ninguna de las prohibiciones para contratar con la Administración, según lo dispuesto en la Ley General de Contratación Pública y su Reglamento. En caso de que le alcance alguna de dichas prohibiciones, deberá indicar en la documentación adjunta a la oferta con cuál Institución tiene esta afectación.
Declaración jurada de que el oferente en caso de encontrarse en alguno de los supuestos de prohibición regulados en los incisos j) y k) del Artículo 28 de la Ley General de Contratación Pública, cumplen con los supuestos de desafectación establecidos en el Artículo 30 de la Ley citada.
Declaración jurada de que el oferente en caso de contar con subcontratistas para la ejecución del objeto contractual garantiza que estos no se encuentran sujetos a ninguna de las causales de prohibición establecidas en la Ley General de Contratación Pública N° 9986 y en caso de encontrarse en alguno de los supuestos de prohibición regulados en los incisos j) y k) del Artículo N° 28, cumplen con alguno de los supuestos de desafectación establecidos en el Numeral N° 30 de la citada ley.
Tratándose de personas físicas, se deberá presentar en la documentación adjunta a la oferta una declaración jurada en la que se indique el beneficiario final, incluyendo su nombre completo y su condición declarada de beneficiario final.
Tratándose de personas jurídicas, se deberá presentar en la documentación adjunta a la oferta una declaración jurada sobre la naturaleza y propiedad de las acciones que contenga la cédula jurídica o física de los accionistas, según corresponda, el capital social, la naturaleza de sus acciones y a quién pertenecen. Además, cada proveedor también debe presentar, como parte de esa declaración jurada, información precisa y completa sobre su(s) beneficiario(s) final(es), incluido el (los) nombre(s) completo(s) de su(s) beneficiario(s) final(es), así como el tipo y número de documento de identificación oficial. La información declarada respecto a los beneficiarios finales será únicamente para consulta y verificación por parte de la Administración contratante a fin de verificar las prohibiciones establecidas en el artículo 28 incisos c) y k) de la Ley General de Contratación Pública. En caso de que los accionistas del proveedor y del subcontratista sean a su vez personas jurídicas, la declaración jurada deberá comprender, además, la información señalada anteriormente respecto de estas últimas.
Que nuestra oferta se ajusta a las condiciones y especificaciones del pliego de condiciones, de tal manera que cualquier incumplimiento significativo constituye motivo de exclusión, de conformidad con la Ley General Contratación Pública y su Reglamento.
Si se faltara a la verdad en la declaración jurada, tal hecho dará lugar al delito de perjurio regulado en el artículo 318 del Código Penal.