Recepción, pesaje, tratamiento y disposición final de residuos sólidos según demanda

1. Existencia, representación y facultades suficientes; inscripción y firma en SICOP.
2.Situación al día con tributos nacionales, Caja Costarricense de Seguro Social y FODESAF, salvo régimen legal de subsanación.
3. Declaraciones sobre prohibiciones, conflictos de interés, integridad, beneficiarios finales y demás extremos exigidos por la Ley y SICOP.
4. Autorización vigente como gestor para los residuos ofertados y permiso sanitario de funcionamiento del punto de recepción.
5. Viabilidad, licencia o autorización ambiental aplicable y cumplimiento del Decreto N.° 44421-S para el parque ambiental.
6. Derecho suficiente para usar la instalación durante el plazo ofertado; si no es propietario, contrato o compromiso vinculante.
7. Capacidad disponible mínima de 920 t mensuales y vida útil suficiente para cubrir el plazo inicial y eventuales prórrogas.
8. Cumplimiento del Decreto N.° 44974-S y sus reformas, incluida estación de transferencia o excepción formal cuando corresponda.
9. Plan de continuidad, emergencias, salud ocupacional, incendios y atención de derrames.
10. Báscula instalada, certificación metrológica vigente y procedimiento de contingencia de pesaje.
11. Pólizas obligatorias de riesgos del trabajo y demás coberturas exigidas para su actividad.
12. Personal técnico responsable, experiencia de al menos dos años en operación autorizada de recepción, tratamiento o disposición final, acreditada con constancias o registros.
13. Ausencia de orden firme de cierre o suspensión que impida prestar el servicio. Toda medida en trámite se declarará con su estado.

Obligaciones del contratista

1. Mantener todos los requisitos de admisibilidad, permisos, capacidad, personal, instalaciones y pólizas durante la vigencia.
2. Cumplir legislación laboral, seguridad social, salud ocupacional, igualdad y prohibición de trabajo infantil o forzoso.
3. No alterar el punto de recepción, sitio final, proceso ni cadena de transporte sin autorización previa y verificación de legalidad.
4. Proteger la información municipal y usarla solo para ejecutar el
5. Informar de inmediato inspecciones, procedimientos, órdenes, accidentes o cambios que puedan afectar el servicio.
6. Asumir costos directos adicionales de transporte municipal causados por su incumplimiento, cuando sean demostrados y exista debido proceso.
7. Responder integralmente por sus subcontratistas, identificarlos en la oferta y obtener las autorizaciones requeridas. La subcontratación no podrá superar el 50 % del monto total del contrato ni comprender las prestaciones esenciales que determinaron la selección; el operador del punto de recepción y del sitio final deberá estar plenamente acreditado.
8. Cooperar en transición y cierre para evitar
9.  

La contratación se ejecutará mediante pedidos u órdenes emitidos por las personas autorizadas, conforme al artículo 214 del Reglamento a la Ley General de Contratación Pública.
2. La Municipalidad pagará únicamente las toneladas netas efectivamente recibidas, aceptadas, conciliadas y certificadas.
3. No existe consumo mínimo, exclusividad de volumen ni derecho del contratista a reclamar utilidades sobre cantidades no ordenadas.
4. La contratación es de cuantía inestimable y se ejecutará según demanda. No se establece un volumen máximo de toneladas como parámetro contractual; la Administración controlará el consumo con base en los pedidos emitidos, las toneladas efectivamente recibidas y el monto máximo de consumo de ₡258.239.177,99 para toda la vigencia contractual. No existe consumo mínimo garantizado.
5. Un pedido no podrá exceder el saldo disponible ni comprometer recursos sin certificación. Las modificaciones solo procederán en los supuestos y límites legales.