MANTENIMIENTO, RESTAURACIÓN, REPARACIÓN, SUSTITUCIÓN E INSTALACIÓN POR DEMANDA DE LOS PISOS DE MADERA DEL EDIFICIO A DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

Multa. El servicio contratado corresponde al mantenimiento, restauración, reparación, sustitución e instalación por demanda para los pisos de madera, del Edificio A. La aplicación de multas resulta indispensable como mecanismo de control y garantía contractual, ya que asegura que el contratista cumpla con los plazos y estándares técnicos establecidos. Los pisos de madera constituyen un elemento fundamental de los espacios interiores del edificio y su adecuado estado no solo contribuye a garantizar condiciones de seguridad, funcionalidad y confort para quienes lo utilizan, sino que también preserva la estética y calidad de las instalaciones, fortaleciendo la imagen institucional de la Asamblea Legislativa frente a funcionarios, visitantes y público en general. En este sentido, las sanciones económicas funcionan como un incentivo para prevenir atrasos, negligencias o incumplimientos, garantizando que las labores de mantenimiento se ejecuten de manera oportuna y eficiente. De esta forma, las multas se convierten en una herramienta proporcional y necesaria para resguardar tanto el valor patrimonial del inmueble como la confianza en la administración del fideicomiso. Por lo que en caso de incumplimiento se aplicaran las multas establecidas en el pliego de condiciones que se adjunta

Cláusula penal. La cláusula penal adquiere especial relevancia en la presente contratación, debido a la naturaleza de los servicios requeridos y a su incidencia en la adecuada conservación, funcionalidad y presentación del Edificio A de la Asamblea Legislativa. La Contratación de una empresa que brinde los servicios de mantenimiento, restauración, reparación, sustitución e instalación por demanda para los pisos de madera, del Edificio A, tiene como finalidad atender oportunamente las necesidades de mantenimiento que se presenten durante la ejecución contractual. En ese sentido, la cláusula penal constituye un mecanismo orientado a promover el cumplimiento oportuno y adecuado de las obligaciones contractuales, estableciendo consecuencias económicas ante eventuales incumplimientos atribuibles al contratista. Lo anterior procura minimizar afectaciones en la programación de los trabajos, la operación normal del inmueble y la adecuada prestación de los servicios institucionales. Asimismo, este mecanismo busca garantizar que los servicios contratados sean ejecutados conforme a las condiciones y especificaciones establecidas en el presente pliego, contribuyendo a la adecuada conservación y funcionamiento de las instalaciones. En virtud de lo anterior, y conforme a lo establecido en el pliego de condiciones y en la normativa vigente, cualquier atraso injustificado o deficiencia en la ejecución del servicio dará lugar a la aplicación de la cláusula penal. Esta medida se concibe como un mecanismo proporcional y necesario para reparar los perjuicios ocasionados y garantizar el cumplimiento oportuno y eficiente de las obligaciones contractuales por parte del contratista. En este contexto, la sanción diaria fijada en un 1,0% sobre el monto del servicio u orden de trabajo que presente atraso, funciona como una herramienta preventiva que desincentiva el incumplimiento y protege la correcta ejecución del contrato. El monto señalado se ajusta a lo dispuesto en el marco normativo aplicable y busca asegurar que el contratista respete los plazos acordados, evitando afectaciones innecesarias en la operación institucional. Esta penalidad se aplicará conforme a lo dispuesto en el artículo 117 del Reglamento a la Ley General de Contratación Pública, y podrá acumularse hasta un máximo del 25% del monto estimado del contrato adjudicado. Si durante la ejecución de los trabajos se presenta alguna situación de caso fortuito o fuerza mayor que pueda afectar el cumplimiento del plazo acordado, el contratista deberá comunicarlo por escrito al Fideicomiso tan pronto tenga conocimiento de dicha circunstancia y con una anticipación razonable al vencimiento del plazo de ejecución, adjuntando la documentación de respaldo correspondiente. Lo anterior, con el fin de que el administrador del contrato y el representante del Fideicomiso puedan analizar la situación y resolver sobre la procedencia de una eventual prórroga antes del vencimiento del plazo contractual. El Fideicomiso queda autorizado para retener las sumas correspondientes de la factura pendiente de pago, sin perjuicio del derecho de realizar cualquier otro tipo de reclamo por concepto de multas, daños y/o perjuicios que se estime conveniente. Para ejecutar la cláusula penal, en caso de incumplimiento del contratista, se aplicará el procedimiento establecido en el artículo 47 de la Ley General de Contratación Pública.