Adquisición y renovación de software

Multa. Se procederá a cobrar una multa equivalente al 1.5% del valor total del bien o servicio en el cual se incurrió la falta: ✓ Que la actividad no se desarrolle conforme a las características ofrecidas y adjudicadas. ✓ Que el proveedor no aporte los materiales, equipos, recursos o personal que hayan sido expresamente incluidos en su oferta. Que la actividad se ejecute de manera diferente a las condiciones técnicas establecidas, sin autorización previa de la Administración. ✓ Que el proveedor incumpla las condiciones de seguridad, organización o dinámica establecidas para el desarrollo de la actividad. ✓ Que se omitan actividades, dinámicas o elementos que hayan sido considerados como parte de la oferta y que hayan incidido en la evaluación y adjudicación. ✓ Cualquier incumplimiento de las obligaciones asumidas en la oferta y el contrato Otros aspectos importantes: • El cobro de las multas podrá hacerse con cargo a las retenciones del precio que se hubieran practicado y los saldos pendientes de pago. • Para el cobro de las multas, no será necesario demostrar la existencia del daño o perjuicio. • En caso de incumplimiento total de las obligaciones por parte del contratista, no procede el cobro de multas, posteriores a ese momento, sino la resolución del contrato, sin perjuicio de otras responsabilidades administrativas y civiles que se deriven de dicho incumplimiento. • El cobro por concepto de multas o cláusula penal no podrá superar el veinticinco por ciento (25%) del precio del contrato incluidas sus modificaciones, caso en el cual la Administración podrá valorar la resolución del contrato. • Las multas y cláusulas penales serán aplicadas de conformidad con lo dispuesto en los artículos 46 y 47 de la Ley General de Contratación Pública y los artículos 116 y 117 del Reglamento de dicha Ley, los cuales regulan la imposición de estas. • Con el fin de cubrir eventuales sanciones económicas, la Administración podrá practicar retenciones sobre los pagos entre un uno por ciento (1 %) y un cinco por ciento (5%) del total facturado, lo cual deberá constar así en el pliego de condiciones. • Para ejecutar tales sanciones, la Administración deberá emitir un acto motivado con indicación de la prueba que lo sustente. En contra de esa decisión, el afectado podrá interponer los recursos de revocatoria y apelación, los cuales deberán presentarse dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación del acto. • La Administración deberá resolver la revocatoria dentro de los tres días hábiles siguientes a su interposición y la apelación dentro de los cinco días hábiles siguientes al vencimiento del plazo para resolver el recurso de revocatoria. La aplicación de este procedimiento no incidirá en la continuidad de la ejecución del contrato.

Cláusula penal. El (la) contratista pagará al IAFA por atraso en la entrega del servicio contratado, una cantidad equivalente al 1,5% del valor adjudicado, salvo casos de fuerza mayor debidamente justificado y comprobado por la Institución. • Considerando que la actividad está programada para una fecha específica e impostergable, 25 de diciembre de 2026, el cumplimiento oportuno constituye un elemento esencial del contrato. • En caso de que el proveedor se presente tardíamente y ello implique una reducción en el tiempo efectivo contratado, se podrá aplicar cláusula penal del monto total contratado por cada período de atraso, hasta alcanzar el límite máximo permitido por la normativa vigente. • Para efectos de esta contratación, se considerará atraso cuando el proveedor no se encuentre en condiciones de iniciar la actividad en la hora previamente coordinada con la Administración, siempre que el retraso sea atribuible al contratista. • Cuando el atraso sea de tal magnitud que impida la realización de la actividad o afecte sustancialmente su finalidad, la Administración podrá valorar las acciones contractuales que correspondan conforme al ordenamiento jurídico.