Servicios profesionales, Programa Reintegración Familiar, Evaluación Programa Acogimiento Familiar, elaboración Política institucional del derecho a vivir y desarrollarnos en familia.

El oferente deberá asegurar la conformación de un Equipo Consultor Principal con una alta formación y experiencia, que deberá estar integrado como mínimo por dos personas encargadas principales de todo el proceso de la Consultoría. Asimismo, se podrá contemplar o constituir un equipo adicional de apoyo (administrativo, de campo, etc.), no obstante, únicamente se presentan los requisitos de admisibilidad que deberá cumplir el Equipo Consultor Principal, quien es responsable de dirigir y coordinar el proceso.

1. Experiencia

• Al menos, una de las personas que conforman el Equipo Consultor Principal,  deberá contar con experiencia en participación de 4 estudios/evaluaciones/asesorías/consultorías que incluyan la elaboración y entrega de manuales, lineamientos o documentos guía de trabajo a grupos de sociedad civil nacionales o extranjeros: fundaciones, organizaciones no gubernamentales o similares, en los últimos 10 años, en al menos una de las siguientes temáticas: adopción, reintegración familiar, acogimiento familiar, competencias parentales o cuidado alternativo sensible al trauma.  Mismos que deben haber concluido antes de la apertura de ofertas, de lo contrario, no se tomarán en cuenta como parte de la experiencia.

 

• Al menos una de las personas que conforman el Equipo Consultor principal deberá contar con experiencia en la participación de 1 estudio/evaluación/asesoría/consultoría que incluyan la elaboración y entrega de manuales, lineamientos o documentos guía de trabajo a instituciones públicas o gubernamentales nacionales, o extranjeras, en los últimos 10 años, en materia de niñez y adolescencia, en una de las siguientes temáticas: adopción, reintegración familiar, acogimiento familiar, competencias parentales o cuidado alternativo sensible al trauma. Mismos que deben haber concluido antes de la apertura de ofertas, de lo contrario, no se tomarán en cuenta como parte de la experiencia.

Para comprobar lo anterior, deberá presentar cartas o documentos emitidos de clientes, que certifiquen los servicios antes mencionados.

Los proyectos que se encuentren en ejecución a la fecha de vencimiento para recibir ofertas no serán tomados en cuenta.

Si se presentan cartas que certifican la experiencia del Equipo Consultor deben incluir la siguiente información:

• Membrete de la institución o empresa que la extiende.
• Descripción del servicio suministrado.
• Período en que suministró los servicios.
• Nombre, cargo y firma de la persona que extiende la certificación.
• Indicar que los servicios fueron recibidos a entera satisfacción del cliente.
• Número de teléfono y correo de la empresa que extiende la certificación.

Se podrá presentar cartas para certificar experiencia, de manera individual por servicio ejecutado, o bien, en una sola carta, se puede certificar varios servicios ejecutados para un mismo cliente o entidad, los cuales se contabilizarán de manera individual, siempre y cuando se identifique claramente cada uno de estos servicios y cumplan con los lineamientos establecidos en el pliego de condiciones.

El PANI se reserva el derecho de verificar las cartas presentadas, con el fin de validar la información de estas. Lo anterior, conforme a lo estipulado en el artículo 94 del Reglamento a la Ley de Contratación Pública.

1. Perfil del Equipo Consultor

• Una de las personas del Equipo Consultor Principal deberá contar con un posgrado de Doctor/Doctora en Trabajo Social, Psicología o Sociología.
• Una de las personas del Equipo Consultor Principal deberá contar estar con un posgrado (Magíster o Máster), en Trabajo Social, Psicología o Sociología.
• Deberán aportar currículo vitae y sus atestados.
• En caso de ser oferentes nacionales, deberán estar incorporados (a) al Colegio Profesional respectivo, para acreditarlos deberán presentar certificación emitida por ese Órgano, en la que se indique que se encuentra activo y al día con el pago de sus obligaciones. Este documento no podrá tener más de un mes de emitido previo a la fecha de apertura de las ofertas,
• Aportar copia de documento de identidad por ambos lados (vigente).
• Los profesionales, que conforman el equipo consultor, deben presentar declaración jurada que acredite que fue informado por el oferente de su participación como parte del equipo de trabajo propuesto por el oferente, la cual, deberá formar parte del expediente de la contratación respectiva, con fundamento en la Circular DGABCA0093-2022 emitida por la Dirección General de Bienes y Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda (se adjunta machote, Anexo N°2).

 

 

 

 

Se requiere los servicios profesionales de un equipo consultor integrado por mínimo dos profesionales (ya sean de Psicología, Trabajo Social o Sociología), que desarrolle las diferentes acciones que permitan la ejecución de la Fase 1, elaboración de la Política institucional para la promoción del derecho a vivir y desarrollarnos en familia.

 

Este proceso implica el desarrollo de los primeros apartados de la propuesta final de dicha política y, a su vez, integra el desarrollo de dos evaluaciones puntuales que pretenden nutrir la consecución del apartado del diagnóstico:

1. Evaluación del Programa de Acogimiento Familiar.

1. Evaluación para la conformación del Programa de Reintegración Familiar.

Puntualmente, para efectos de esta política, y tomando como referencia lo definido en la Guía para la Elaboración de Políticas Públicas (MIDEPLAN, 2016) se requiere el desarrollo de acciones para obtener y validar la información que permita definir:

 

• El estado de situación o el resumen diagnóstico del problema y las variables e indicadores asociados,
• La participación y los grupos de población objetivo.
• Los enfoques, principios y características de la PP.
• La definición de temas prioritarios o ejes de intervención
• Objetivos, resultados, acciones y otras variables

       (MIDEPLAN, 2016, p. 9)

 

Por lo tanto, al cierre de esta consultoría, como un producto final de la política interna, se debe presentar la propuesta de los siguientes apartados:

 

1. Estado de la situación (diagnóstico): en este apartado se deberán contemplar además los insumos que se generen de las tres evaluaciones (incluyendo los resultados de la evaluación de MIDEPLAN).
2. Objetivo general de la política institucional.
3. Definición grupo de población objetivo y alcance.
4. Enfoques, principios y características.
5. Marco teórico que sustente la propuesta.
6. Propuesta preliminar de un Marco estratégico.

 

Nota:  En caso de que PANI cuente, al momento de la implementación, con una guía propia para la elaboración de las políticas internas, se deberán realizar los ajustes requeridos en el desarrollo de los apartados antes señalados según sea solicitado por la persona fiscalizadora, así como cualquier adaptación que deba realizarse en términos de gestión operativa.

 

Sobre el apartado de diagnóstico, éste deberá integrar la información que además sea obtenida posterior a las evaluaciones supra citadas mismas que; tomando como referencia el Manual de evaluación para intervenciones públicas (MIDEPLAN, 2017) y la tipología que allí se establece (p. 27 – 31); se categorizarían de la siguiente forma:

 

• Evaluación del Programa de Acogimiento Familiar: Se debe realizar una evaluación que contiene dos elementos sustanciales:

 

1. La primera parte sería la que, desde una óptica psicosocial, se describiría como una evaluación de las bases teórico y metodológicas del programa, pues debe analizar con detalle la formulación actual del programa (componente metodológico) y el sustento teórico psicosocial de fondo.

 

1. La segunda parte contempla el desarrollo de una propuesta en la que se recomiende una base teórica actualizada para el programa y, en consecuencia, las recomendaciones de ajustes, cambios o permanencia de lo definido a nivel metodológico y de estructura programática de implementación. Lo anterior como resultado de la primera parte, y desde el criterio experto del equipo consultor y la persona asesora internacional.

 

Por lo anterior, es que se considera desde lo descrito por MIDEPLAN que esta es una evaluación de funcionalidad formativa, dirigida a analizar respecto al contenido “… la racionalidad y la coherencia del diseño de la intervención…” (p. 28) con un enfoque de análisis hacia lo teórico y metodológico, de una temporalidad concurrente (intermedia) desarrollada por un agente evaluador externo.

 

• Evaluación del Programa de Reintegración Familiar: En este caso esta evaluación es la Fase 1 de este proceso, que se realiza previo al diseño del Programa, por lo que puede indicarse que pretende discernir la viabilidad, los requerimientos y los enfoques teóricos para su elaboración. En este sentido, debe concentrarse en determinar las bases teórico – metodológicas requeridas para su futuro diseño, por lo que según la clasificación se indica que ésta es una evaluación ex ante de diseño, desarrollada por un agente evaluador externo. Esta evaluación debe además valorar a nivel general la factibilidad político-legal, técnico-operativa y económico-financiera, incluyendo en este último aspecto, una valoración proyección económica del costo mensual y anual del programa en dólares. Como se indicaba arriba, lo anterior es un preámbulo, dado que el diseño de programa está previsto para el 2026.

 

Para ambas evaluaciones debe tomarse como guía los documentos citados de MIDEPLAN, y adicionalmente los que se consideren necesarios del siguiente enlace: https://www.mideplan.go.cr/herramientas-metodologicas-en-evaluacion.

 

Se aclara que, además de las reuniones de seguimiento mensual, el equipo consultor también deberá estar en la disposición de desarrollar sesiones de asesoría y/o seguimiento que sean coordinadas para la consecución adecuada de cada producto solicitado.

 

Asimismo, el equipo consultor debe asegurar que,  como parte de sus acciones  realizará una consulta profesional y de asesoría a mínimo tres personas o entes expertos a nivel internacional, al menos una en Acogimiento Familiar y otro en Reintegración familiar. Como se indicaba arriba, dichas consultas deben ser sistematizadas para su debida identificación.

 

Con este encuadre, y en términos de productos concretos, el equipo consultor deberá entregar lo siguiente:

 

1. Propuesta metodológica: Documento donde se detalle el planteamiento metodológico propuesto, que incluya un Plan de trabajo donde se refleje la planificación propuesta para todo el proceso, detallando con precisión el detalle de las acciones, responsables, temporalidad, productos a presentar y requerimientos que deben ser satisfechos por PANI (como: coordinaciones con profesionales, entrevistas clave, etc.) para cada uno de los procesos, y su interrelación final, así como otros detalles que consideren importantes.

Se aclara que para la elaboración de esta propuesta metodológica y plan de trabajo el equipo consultor deberá estar en disposición, si así lo define PANI a través de la persona fiscalizadora, de concertar reuniones de consulta con dicha persona fiscalizadora, y el equipo que sea definido por la Gerencia Técnica / Departamento de Protección, con el fin de asegurar una construcción participativa que dé cuenta de las posibilidades reales de implementación.

 

Asimismo, junto con esta propuesta deberán incluirse los machotes con la estructura descriptiva de los siguientes productos, para su debida revisión y aval.

 

1. Reportes de avances: Reporte de avance del desarrollo de la consultoría respecto al Plan de trabajo. En cada reporte deberá detallarse el avance puntual en la consecución de cada uno de los tres productos.

 

1. Minutas de reuniones: Donde el equipo consultor registrará las reuniones llevadas. En las que PANI participe, deberán ser avaladas por la persona fiscalizadora, y en su ausencia, por quien intervenga por parte de PANI en esa actividad.

 

1. Productos finales: Para dar por finalizada la consultoría, el equipo consultor deberá entregar:
2. Informe final de la consultoría; brindar un balance global del desarrollo de la consultoría.
3. Informe de evaluación del Programa de Acogimiento Familiar: Para elaborar la estructura de dicho informe debe tomarse como referencia lo establecido en la Guía de Informes de Evaluación (MIDEPLAN, 2018).
4. Informe de Evaluación del Programa de Reintegración Familiar: Para elaborar la estructura de dicho informe debe tomarse como referencia lo establecido en la Guía de Informes de Evaluación (MIDEPLAN, 2018).
5. Avance de la Política institucional para la promoción del derecho a vivir y desarrollarnos en familia, misma que debe contener los apartados arriba descritos. La estructura de dicho avance deberá atender las indicaciones de forma que sean brindadas por la persona fiscalizadora durante el proceso.

 

Respecto a la planificación de actividades, en caso de considerar pertinente el diálogo con familias y/o personas menores de edad, ésta deberá ser avalada y coordinada de previo con PANI y, de ser necesario, prever la alimentación de las personas asistentes.

 

1. Reportes de consulta con población y de asesoría con personas expertas internacionales: Cualquier entrevista, taller o grupo focal que se realice, deberá contar con un reporte respectivo, donde se indica los objetivos, fecha, lugar, y personas del equipo consultor que desarrollan la actividad, así como los registros de asistencia, y, en caso de ser virtual, las grabaciones.

• El oferente

Se entenderá por “oferente”, toda persona física, jurídica o en consorcio, nacional o internacional, interesada en suministrar los servicios solicitados en esta licitación, que presente una propuesta al respecto. El cual, deberá cumplir con los requisitos de admisibilidad, solicitados en el apartado 5, del presente anexo al pliego de condiciones.

 

Se aceptarán ofertas de persona física nacionales o extranjeras, cuando el oferente cumpla con el perfil solicitado, con los requisitos de admisibilidad y la experiencia requerida en este anexo del pliego de condiciones, de forma personal.

 

• Plazo de vigencia de la oferta y adjudicación

 

El plazo de vigencia de la oferta será de al menos 30 días hábiles. En caso de omisión de este dato en la oferta, el PANI entiende que el “oferente” se somete al plazo de vigencia indicado en este apartado. Se entenderá que la vigencia de la oferta correrá a partir del día indicado por el PANI, para su recepción y apertura.

Plazo para dictar el acto final.   El plazo para dictar el acto final será el dispuesto en el pliego de condiciones establecido en SICOP, que, en ningún caso, podrá ser superior al doble del plazo fijado en el pliego de condiciones para la recepción de ofertas.  Excepcionalmente, el órgano competente podrá prorrogar mediante resolución motivada, el plazo para dictar el acto final, por un plazo igual al establecido para recibir ofertas.   El Departamento de Proveeduría procederá a comunicar esta prórroga, y cada oferente será responsable de mantener vigente su oferta.

 

• Garantía de cumplimiento

De conformidad con lo establecido en el Artículo 44 de la Ley General de Contratación Pública Nº 9986 el cual cita:  La garantía será exigible en todos los contratos derivados de la licitación mayor y la menor y será facultativa para la licitación reducida…

 

Para el presente procedimiento de licitación reducida, no se solicitará garantía de cumplimiento.

 

•  

 

Los oferentes nacionales deberán presentar personería jurídica “expedida” por el Registro Nacional (no debe tener más de un mes de extendida a partir de la fecha de apertura de las ofertas y deberá indicar el número de cédula jurídica), en la que se indique en este último caso lo siguiente:

 

1. El plazo de vigencia de la sociedad, indicando la fecha de inicio y la fecha de vencimiento.
2. El plazo de vigencia del nombramiento de sus personeros, así como la clase de poder que cada personero ostente en relación con la personería jurídica, haciendo alusión a limitación de suma, en caso de que existiere, indicando la fecha de vencimiento de dichos poderes.
3. Adjuntar copia de la cédula de identidad del representante legal.
4. Adjuntar certificación original emitida por el MEIC, según Decreto Ejecutivo No. 33305- MEIC- H, artículo 4, referente a las PYMES, en caso de que corresponda.

 

• Ofertas en consorcio

De conformidad con el artículo 48 de la Ley General de Contratación Pública; en la presente licitación, se recibirán ofertas en consorcio, sin que ello implique crear una persona jurídica diferente.  Para utilizar este mecanismo, será necesario acreditar, ante el PANI, la existencia de un acuerdo de consorcio, en el cual se regulen, por lo menos, las obligaciones entre las partes firmantes y los términos de su relación con el PANI.  Las partes del consorcio responderán, solidariamente, ante el PANI, por todas las consecuencias derivadas de su participación y de la participación del consorcio en la licitación o en su ejecución.

 

Se aceptarán ofertas en consorcio, siempre y cuando las partes que lo conformen se dediquen al mismo giro comercial, entendido éste como actividades propias de Servicios Profesionales, Asesoría en Ciencias Sociales y Apoyo, en los temas indicados en el encabezado del documento.

 

• Subcontratación

El oferente no deberá subcontratar más del 50% del monto adjudicado, además este debe aportar el listado de los subcontratistas, así como el objeto de la subcontratación, según lo estipulado en el Artículo 49 de la Ley General de Contratación Pública, y el 133 de su Reglamento, el cual cita:

 

(…)“En la oferta se deberá indicar el listado de los subcontratistas, así como el objeto de subcontratación, con señalamiento expreso del porcentaje del objeto que asumirá cada uno de ellos. La totalidad del porcentaje de subcontratación no podrá superar el cincuenta por ciento (50%) del monto total del contrato. En todo caso, la subcontratación no relevará al contratista de su responsabilidad integral por el objeto contratado, debiendo este también cumplir con todas las obligaciones contraídas con los subcontratistas. El contratista no podrá alegar, en ningún caso, cláusulas de confidencialidad con sus subcontratistas para brindar información que le sea solicitada, con las salvedades de esta ley”.

 

 

• Declaraciones juradas:

 

1. El oferente deberá de tomar en consideración las “condiciones y declaraciones” contenidas en el pliego de condiciones electrónico del SICOP.

 

1. En todos los concursos en que presenten sus propuestas, los oferentes y subcontratistas deberán manifestar expresamente en su oferta que la información contenida en la declaración jurada, presentada en el registro, que al efecto lleve la Dirección de Contratación Pública, se mantiene invariable.

 

La Administración verificará en el SICOP, puntualmente en la sección “Información de Registro de Proveedor”, la (s) declaración (es) y/o prohibición (es) adjunta (s) en los “archivos públicos del registro”, según lo establece el artículo 18 y 29 de la Ley General de Contratación Pública y artículo 32 inciso c) del Reglamento a la Ley 9986. (sobre este último artículo, se debe declarar, todos los incisos que conforman el mismo)

 

• Los oferentes nacionales deberán estar al día en sus obligaciones con:

 

• El pago de las obligaciones con FODESAF según lo establecido en el artículo 22 inciso c) de la Ley 8783, Reforma No. 5662 Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.

 

• Las obligaciones obrero-patronales, de conformidad con el Art. 74 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social y el Art. 122 del RLGCP.

 

• En caso de que el oferente sea sociedad mercantil, deberá estar al día con el Impuesto a las Sociedades.

 

Todo lo anterior, se verificará por medio del Sistema Compras Públicas (Sicop). En caso de que, por medio de la plataforma, no se pueda realizar dicha verificación, se procederá con la revisión en los sitios web correspondientes.

 

• El oferente deberá estar al día con las obligaciones formales y materiales ante la Dirección de Tributación de conformidad con el Art. 18 bis del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Dicha situación se verificará mediante la base de datos en línea habilitada por la Dirección General de Tributación Directa del Ministerio de Hacienda. Por lo anterior, no se hace necesario incorporar a la oferta, certificación alguna respecto de este requerimiento.

 

• El oferente deberá contar con la respectiva licencia municipal (Patente) que lo faculte para cumplir con el objeto contractual, conforme lo que establece la legislación vigente para las actividades que así lo requieren; para verificar dicha condición, deberá aportar copia de la licencia municipal (Patente). último recibo cancelado del impuesto de la patente, que acredite que está vigente y al día.

 

• El oferente debe presentar permiso de funcionamiento vigente.

 

• El oferente debe presentar póliza de Riesgos de Trabajo vigente.

 

• Para el presente procedimiento, se acepta cotizar únicamente el 100% de la La Administración se reserva el derecho de adjudicar parcialmente la partida o línea del proyecto.

 

• Plazo del contrato.

El plazo del contrato es de un año prorrogable por otro año, para un total de dos años.